La agenda ESG en el sector público avanza con menos ruido que en la empresa privada cotizada, pero con obligaciones concretas que ya están en vigor. La Administración General del Estado debe calcular su huella de carbono y registrarla desde 2026, las empresas públicas que cumplen los criterios de la Ley 11/2018 elaboran un estado de información no financiera y toda contratación pública debe incorporar criterios sociales y medioambientales vinculados a lo que se contrata. A ello se suma una transposición de la CSRD que sigue pendiente en España y unas recomendaciones recientes de la CNMV y el ICAC.
Esta guía ordena ese marco para quien gestiona la sostenibilidad en una empresa pública, un organismo o un departamento de contratación. Explica qué normativa afecta a cada tipo de entidad y qué plazos conviene tener presentes. También cubre cómo se mide la huella de carbono, qué debe ofrecer una plataforma de sostenibilidad para el sector público y un plan de acción para los próximos meses.
ESG en el sector público: qué normativa afecta a las empresas públicas en España
El sector público español no cuenta con una norma ESG propia. Lo que existe es un conjunto de obligaciones que dependen del tipo de entidad: una sociedad mercantil pública responde a la normativa de información no financiera y de sostenibilidad empresarial, mientras que la Administración General del Estado responde sobre todo a las normas de huella de carbono y de contratación. Por eso el primer paso consiste en identificar en qué grupo se encuentra la organización.
EINF y entidades de interés público: quién informa hoy
La Ley 11/2018 modificó el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital para que determinadas sociedades incluyan en su informe de gestión un estado de información no financiera (EINF). Están obligadas las entidades de interés público y las grandes empresas que superan ciertos umbrales de plantilla, activo y cifra de negocios. Al recaer sobre sociedades mercantiles, la obligación alcanza a las empresas públicas que cumplan esos criterios.
Los ministerios, los ayuntamientos o las diputaciones no son sociedades mercantiles y quedan fuera de esta obligación. Para ellos, el reporting de sostenibilidad es voluntario, salvo en lo que establecen las normas de huella de carbono y de contratación que se explican más adelante. El EINF, además, debe someterse a verificación por un prestador independiente. Para conocer la estructura del informe y su relación con la CSRD y el estándar voluntario, puedes consultar nuestro artículo sobre el informe EINF, CSRD y VSME en España.
Proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad: en qué punto está la transposición
La Directiva CSRD sigue sin transponerse al ordenamiento español. El proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad no ha completado su tramitación, como recoge la nota de prensa que la CNMV publicó hoy, el 20 de octubre de 2026.
Entretanto, la Directiva (UE) 2026/470, conocida como Ómnibus I, redujo el ámbito de la CSRD a las empresas con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de cifra de negocios. Los Estados miembros tienen hasta el 19 de marzo de 2027 para transponer esos cambios. El 3 de julio la Comisión Europea adoptó dos actos delegados, publicados en el Diario Oficial de la UE el 21 de septiembre. Uno recoge las ESRS simplificadas, conocidas como Set 2, que entran en vigor el 10 de noviembre de 2026 y se aplican a los ejercicios que comiencen desde el 1 de enero de 2027. El otro establece un estándar voluntario para las sociedades que queden fuera del ámbito de la CSRD.
En este contexto, la CNMV y el ICAC recomiendan que las entidades sujetas a la Ley 11/2018 con más de 1.000 empleados publiquen el informe de sostenibilidad de 2026 conforme a las ESRS, acogiéndose a alguna de las alternativas del Set 2. Al resto de entidades sujetas a la ley les aconsejan valorar si aplican las ESRS o el estándar voluntario. La CNMV admitirá informes bajo ESRS siempre que cumplan también con la Ley 11/2018. Una empresa pública sujeta a esa ley que supere el umbral de 1.000 empleados debería tomar esta recomendación como referencia para el ejercicio 2026. El recorrido completo de la normativa está en nuestro artículo sobre el paquete Ómnibus y la CSRD en España.
Agenda 2030 y ODS: un marco voluntario que orienta a muchas empresas públicas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no imponen obligaciones de reporte, pero funcionan como referencia estratégica. En su informe de 2021 sobre sostenibilidad en las empresas públicas, Forética recogía que el 84 % de las empresas públicas de su grupo de trabajo situaba la contribución a la Agenda 2030 como principal motor de sus iniciativas ambientales. Un ejemplo es el programa de Correos de donación del contenido de envíos abandonados, que el propio informe vincula con los ODS 12 y 13 (economía circular), 1 y 10 (fines sociales) y 17 (alianzas con ONG). Asociar cada iniciativa a metas concretas, y no a los diecisiete objetivos en bloque, facilita después su medición.
| Tipo de entidad | Normativa que le afecta | Dónde se explica |
|---|---|---|
| Administración General del Estado y sus organismos | Real Decreto 214/2025: cálculo anual de la huella, plan de reducción e inscripción en el registro desde 2026 | Apartado 2 |
| Empresa pública con forma de sociedad mercantil | Ley 11/2018 (EINF) si cumple los criterios; Real Decreto 214/2025 si está obligada por el EINF; recomendaciones CNMV-ICAC; CSRD solo si supera 1.000 empleados y 450 millones de euros | Apartados 1 y 2 |
| Cualquier entidad del sector público que contrate | Ley 9/2017: criterios sociales y medioambientales en la contratación | Apartado 3 |
La tabla se refiere al ámbito estatal. Las consejerías de las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales pueden aplicar de forma voluntaria las obligaciones de huella de carbono del real decreto.
Huella de carbono en el sector público: obligaciones y calendario
El Real Decreto 214/2025 entró en vigor el 12 de junio de 2025 y desarrolla la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Obliga a calcular la huella de carbono y a elaborar un plan de reducción de emisiones. Además, crea el registro de huella de carbono del MITECO, donde se inscriben las huellas, las compensaciones y los proyectos de absorción de CO₂.
Qué se exige al sector público estatal y desde cuándo
La obligación de huella de carbono en la administración pública se recoge en el artículo 11.2 del real decreto: los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades del sector público administrativo estatal deben calcular la huella cada año. El alcance 3 se incluirá desde la huella de 2028. Estas entidades inscriben además su huella y su plan de reducción en el registro del MITECO, con una primera inscripción en 2026 correspondiente a 2025. El plan debe fijar un objetivo cuantificado con un horizonte de al menos cinco años.
Las empresas públicas con forma de sociedad mercantil que estén obligadas a presentar el EINF quedan incluidas en el artículo 11.1. Calculan la huella cada año, la publican en su informe de sostenibilidad y pueden inscribirla en el registro de forma voluntaria. Los requisitos de ese grupo se detallan en nuestro artículo sobre el Real Decreto 214/2025 de huella de carbono.
El sello Calculo, Reduzco, Compenso: el caso de CESCE
El registro del MITECO reconoce a las organizaciones mediante los sellos Calculo, Reduzco y Compenso, según hayan calculado su huella, demostrado una reducción o compensado emisiones con proyectos de absorción. La parte del sello relativa a la reducción se activa al inscribir una cuarta huella consecutiva y comprobar que las emisiones han bajado. CESCE, empresa pública miembro del grupo de trabajo de Forética, ofrece un ejemplo completo recogido en el informe de 2021. Calculó su huella de los años 2016 a 2019 y en 2020 la Oficina Española de Cambio Climático le otorgó los tres sellos.
Sus emisiones pasaron de 438,06 toneladas de CO₂ en 2016 a 223,5 toneladas en 2019, casi la mitad, y compensó la huella de 2019 con el proyecto de repoblación Absorbemos CO₂ en Ejulve, certificado por la OECC. Entre las medidas figuran electricidad de origen 100 % renovable, vehículos ecoeficientes y paneles fotovoltaicos en la sede. El caso ilustra el ciclo que hoy exige la norma: medir, reducir y documentar con una serie histórica que permite seguir el plan.
Software para la medición de la huella de carbono en el sector público
Calcular la huella exige recopilar datos de consumo energético, flota y desplazamientos, y conservar la evidencia de cada cifra. El MITECO ofrece una calculadora de huella de carbono de organización de alcances 1 y 2, con una versión adaptada a ayuntamientos. Su uso es voluntario para inscribirse en el registro y no incluye el alcance 3. Cuando el cálculo debe repetirse cada año, con más fuentes de datos y trazabilidad para la verificación, un software para la medición de la huella de carbono en el sector público facilita el trabajo. La calculadora de carbono de Presgo calcula la huella por alcances y gestiona los objetivos de reducción con indicadores de seguimiento.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) transpuso las directivas europeas de 2014 y situó los criterios sociales y medioambientales dentro del procedimiento ordinario. Su artículo 1.3 dispone que toda contratación pública debe incorporarlos de forma transversal y preceptiva, siempre que se vinculen al objeto del contrato.
La ley ofrece dos vías principales. En la adjudicación, el artículo 145 permite que la mejor relación calidad-precio incluya aspectos medioambientales o sociales. En la ejecución, el artículo 202 obliga a incluir en el pliego al menos una condición especial de ejecución. Las cláusulas sociales en la contratación pública y las cláusulas ambientales pueden aparecer, por tanto, en las dos fases.
| Artículo | Fase | Qué establece |
|---|---|---|
| 1.3 | Principio general | Criterios sociales y medioambientales de forma transversal en toda contratación, vinculados al objeto del contrato |
| 145 | Adjudicación | Los criterios cualitativos de la mejor relación calidad-precio pueden incluir aspectos medioambientales o sociales |
| 202 | Ejecución | Obligación de incluir en el pliego al menos una condición especial de ejecución de tipo medioambiental, social o de empleo |
Compra pública verde y contratación pública con criterios de sostenibilidad
La compra pública verde busca que las administraciones adquieran bienes, obras y servicios con menor impacto ambiental. En el ámbito estatal, el Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025 determinó 20 grupos de bienes, obras y servicios prioritarios. En marzo de 2026, Hacienda y el MITECO presentaron el Catálogo de Prescripciones Técnicas de Contratación Pública Ecológica, una herramienta para incorporar de forma sistemática la contratación pública con criterios de sostenibilidad en las licitaciones. En la presentación se recordó que la contratación pública supera el 11 % del PIB y que el volumen de licitación en 2025 rondó los 116.900 millones de euros.
El artículo 10 del Real Decreto 214/2025 permite además que los órganos de contratación incluyan la huella de carbono entre las consideraciones medioambientales de una licitación, que puede acreditarse mediante la inscripción en el registro o con certificados equivalentes.
Qué supone para la cadena de proveedores
Cuando un pliego incluye una condición de ejecución ambiental, la empresa adjudicataria debe poder acreditar su cumplimiento. Eso traslada a los proveedores la necesidad de contar con datos fiables sobre consumos, emisiones o condiciones laborales, y a la entidad contratante la de recopilarlos y conservarlos como evidencia. Presgo cuenta con un módulo de proveedores con el que las organizaciones pueden solicitar información y datos a su cadena de suministro.
Requisitos de una plataforma de sostenibilidad para el sector público
Cuando la información ESG se reparte en hojas de cálculo entre departamentos, el informe resulta difícil de actualizar y de verificar. Una plataforma de sostenibilidad para entidades públicas debe responder a requisitos que se derivan de la propia normativa.
Requisitos funcionales clave
| Requisito | Qué debe permitir | Origen |
|---|---|---|
| Varios marcos en un mismo sistema | Elaborar el EINF, informes conforme a ESRS y el estándar voluntario según el tamaño de la entidad | Ley 11/2018, CSRD, recomendación CNMV-ICAC |
| Huella por alcances y plan de reducción | Calcular los alcances 1 y 2, incorporar el 3 cuando sea exigible y seguir objetivos frente a un año base | RD 214/2025 |
| Serie histórica | Conservar datos de varios ejercicios para medir la reducción en un plan a cinco años | RD 214/2025 |
| Evidencia y trazabilidad | Vincular cada dato con su fuente para facilitar la verificación independiente | Ley 11/2018 |
| Datos de proveedores | Solicitar y consolidar información de la cadena de suministro | LCSP, art. 202 |
| Información lista para publicar | Generar los datos de huella y del plan en un formato publicable en el portal web y en el informe de sostenibilidad | RD 214/2025, art. 11.4 |
Plataformas que integran informes de sostenibilidad con la normativa española
Las plataformas que integran informes de sostenibilidad con la normativa española permiten trabajar con EINF, ESRS, VSME y GRI desde una misma base de datos, de modo que el dato se introduce una vez y alimenta distintos informes. Presgo ofrece estos marcos junto con un generador de informes, una calculadora de carbono, la gestión de objetivos y un módulo de proveedores. Además, utiliza IA para extraer los datos de consumo de las facturas.
Cómo empezar: implementar herramientas de sostenibilidad en la gestión pública en los próximos 12 meses
Un calendario realista para una empresa pública o un organismo puede organizarse en seis pasos:
- Identificar qué normas se aplican. El EINF depende del tamaño y de la condición de entidad de interés público, el Real Decreto 214/2025 del tipo de entidad y la Ley 9/2017 afecta a cualquier contratación.
- Inventariar las fuentes de datos: consumo eléctrico y de combustibles, flota, desplazamientos y compras.
- Calcular la huella de los alcances 1 y 2 y fijar el año base.
- Definir el plan de reducción con objetivos cuantificados a cinco años.
- Revisar pliegos y contratos en curso para detectar las condiciones de ejecución ambientales y sociales y los datos que exigen.
- Elegir la herramienta que centralice datos y evidencias y acordar con el verificador independiente el alcance de la revisión, cuando exista EINF.
Dos fechas marcan el ritmo: el 19 de marzo de 2027, límite para transponer los cambios de la CSRD, y 2028, año desde el que el alcance 3 será exigible a la Administración General del Estado. Las recomendaciones de la CNMV y el ICAC para el informe de 2026 añaden un plazo más inmediato a las empresas públicas sujetas a la Ley 11/2018 con más de 1.000 empleados.
Conclusión
El ESG en el sector público se articula en torno a pocas normas, pero cada una afecta a un tipo distinto de entidad. La huella de carbono y la contratación pública son ya obligaciones vigentes, mientras que el reporting empresarial depende de una transposición de la CSRD todavía pendiente y de las recomendaciones de la CNMV y el ICAC. Para la sostenibilidad de las empresas públicas, ordenar los datos desde ahora reduce riesgos de cara a la verificación y facilita adaptarse a los cambios que lleguen en 2027 y 2028. Contar con una serie histórica y con evidencia documental es lo que más ayuda a cumplir en plazo.
FAQ
¿Qué obligaciones de huella de carbono tiene la administración pública?
Según el Real Decreto 214/2025, la Administración General del Estado, sus organismos y otras entidades del sector público administrativo estatal deben calcular cada año su huella, elaborar un plan de reducción con objetivos cuantificados y horizonte mínimo de cinco años e inscribirse en el registro del MITECO desde 2026. El alcance 3 será exigible a partir de la huella de 2028.
¿Qué es una plataforma de sostenibilidad para entidades públicas?
Es un software que centraliza datos ambientales, sociales y de gobernanza, calcula la huella de carbono, recoge información de proveedores y genera informes con trazabilidad de cada dato. Sirve para preparar el EINF, informes conforme a las ESRS o el estándar voluntario, y facilita la verificación independiente.
¿Existen plataformas digitales para reportar indicadores de sostenibilidad en empresas públicas?
Sí. Permiten recopilar indicadores, vincularlos a marcos como EINF, ESRS, VSME o GRI y generar los informes desde una misma base de datos. Presgo es una de ellas y combina generador de informes, calculadora de carbono, gestión de objetivos y módulo de proveedores.
¿Qué plataformas digitales existen para gestionar la sostenibilidad en empresas públicas?
Hay software de reporting ESG, calculadoras de huella de carbono y herramientas de gestión de proveedores. Al elegir conviene comprobar los marcos que admite, si conserva series históricas, cómo asegura la trazabilidad del dato y si integra la información de la cadena de suministro. Presgo reúne estas funciones en una sola plataforma.
¿Qué es la sostenibilidad corporativa para una entidad pública?
Es la gestión de los impactos ambientales, sociales y de buen gobierno alineada con su misión de servicio público. En las empresas públicas se concreta en medir, fijar objetivos, informar y verificar. Forética señala que están sujetas a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y de los reguladores.
